Economía:
El 1 de agosto entró en vigor la reforma arancelaria que llevó adelante el Ejecutivo y que reduce o elimina los aranceles de 667 partidas (328 correspondientes a bienes de capital, 254 a insumos y materias primas y 85 a bienes de consumo). Esa reforma, que implica un sacrificio fiscal de aproximadamente $180 millones por la menor recaudación de impuestos a la importación, busca mejorar la competitividad de distintos sectores, entre ellos el agroindustrial y el manufacturero. Por otro lado, en julio, después de doce meses consecutivos de tasas negativas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual positiva de 0,4%. La mayor parte de ese resultado se explica por el alza en el precio de la gasolina (23%) y el diésel (52%). Por el contrario, la mayoría de los grupos de productos que componen la canasta del IPC registraron caídas en sus precios. Por su peso en la canasta total destaca lo ocurrido con “alimentos y bebidas no alcohólicas”, cuyos precios se redujeron en 0,8%.
Política:
El alza en el precio de los combustibles fue el principal argumento para las protestas que algunos sindicatos, asociaciones estudiantiles y representantes del movimiento indígena y campesino llevaron a cabo el miércoles 11 de agosto. Los líderes de esa protesta, que tuvo una adhesión muy limitada pero que ocasionó problemas en algunas provincias por las manifestaciones de grupos campesinos, quieren que el Gobierno derogue el decreto por el cual los precios del diésel y la gasolina regular se actualizan cada mes, con una variación máxima de 5%, en función de la evolución del precio internacional del petróleo. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso, que actualmente goza de una alta popularidad gracias al éxito del programa de vacunación, ha dicho que no derogará el decreto, firmado por su antecesor, Lenín Moreno. No obstante, el Gobierno avanza en un programa de focalización del subsidio a los combustibles, para que el aumento en el precio de esos productos no afecte a los sectores más vulnerables, que utilizan transporte público. Para eso, el Gobierno mantendrá reuniones con representantes del sector del transporte.
